El juez de la atención permanente, Rigoberto Sena Ferreras, dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros tres.

Tras la decisión de un juez de imponer medidas de coerción a los diez arrestados en la Operación Cobra, el Ministerio Público prometió que seguirá trabajando para que respondan por sus hechos ante los tribunales, por sus acciones delictivas, todos los implicados en el caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Versión 2.0 de la Operación Cobra

El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el órgano acusador trabaja para presentar, en el menor tiempo posible, la versión 2.0 de la Operación Cobra. Con la que se procesará a otras personas físicas y jurídicas implicadas en el entramado de fraude investigado.

La información se dio luego de que el juez Rigoberto Sena Ferreras, impusiera 18 meses de prisión preventiva a siete de los imputados, tras valorar la solidez de la investigación presentada por el Ministerio Público.

Los enviados a prisión preventiva son Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y señalado como cabecilla de la red de corrupción; así como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez. Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

En tanto, a los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el tribunal les impuso arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país.

Decisión judicial “histórica”

Camacho valoró la decisión judicial como “histórica” y explicó que el tribunal fundamentó su fallo en tres aspectos esenciales: la gravedad de los hechos, la contundencia de la investigación y la colaboración brindada al Ministerio Público.

“Uno de los elementos fue la gravedad de los hechos, que el juez calificó como crueles y muy graves, entendiéndolos como una traición y una locura colectiva, comparables incluso con una forma de holocausto”, expresó Camacho.

Agregó que el segundo aspecto considerado fue la fortaleza de la investigación, respaldada con documentos y testimonios presentados por el órgano acusador, y como tercer elemento, la valoración de la cooperación ofrecida durante el proceso.

El procurador adjunto indicó que, aunque las medidas varían, los diez imputados permanecen privados de libertad. Reiteró que el Ministerio Público continuará trabajando sin descanso para que todos los responsables enfrenten la justicia.

“El compromiso es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido. Y presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”, afirmó.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Camacho, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Además de los fiscales Rosa Alba García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Alexis Piña, Ernesto Guzmán y Aurelio Valdez.

Fuente: CDN 37