TAMAYO, RD. - Agricultores de diversas comunidades de la región Enriquillo denunciaron un agravamiento del conflicto por el acceso a la tierra y al agua en zonas agrícolas de la provincia de Bahoruco, situación que atribuyen a las operaciones del Consorcio Azucarero Central (CAC) y que, aseguran, está provocando pérdidas significativas en la producción agrícola local.

De acuerdo con testimonios de productores y líderes comunitarios, en varias localidades se han registrado procesos de ocupación o confiscación de terrenos tradicionalmente utilizados para cultivos alimentarios, los cuales, según indican, han sido destinados posteriormente a la expansión de plantaciones de caña de azúcar.

Los campesinos sostienen que miles de tareas de cultivos han sido afectadas en los últimos años, lo que ha reducido la capacidad productiva de las comunidades agrícolas y ha generado preocupación sobre el impacto en la producción nacional de alimentos.

Uno de los puntos más críticos denunciados por los agricultores es el control y desvío de fuentes de agua utilizadas históricamente para el riego. Según afirman, canales y corrientes que abastecían a los pequeños productores han sido redirigidos hacia plantaciones de caña, dejando a numerosas parcelas sin acceso al recurso hídrico.

“La falta de agua está llevando a muchos agricultores a perder sus cosechas y abandonar sus tierras”, señalaron representantes comunitarios, quienes advierten que la situación podría provocar la quiebra de numerosas familias campesinas si no se adoptan medidas urgentes.

A estas denuncias se suma un clima de tensión en la zona. Agricultores aseguran que han enfrentado presiones e incidentes cuando intentan trabajar o defender sus parcelas. También denuncian la presencia de fuerzas de seguridad en operativos vinculados a los conflictos por la tierra, lo que, según sostienen, ha generado temor e incertidumbre entre los residentes de las comunidades rurales de Batey 6.

Organizaciones sociales y comunitarias de la región han expresado preocupación por el impacto social y económico de esta situación, señalando que la reducción de áreas de cultivo de alimentos y las restricciones en el acceso al agua pueden afectar la estabilidad productiva del sur del país.

Ante estas denuncias, campesinos y líderes comunitarios hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que investiguen los hechos, garanticen el respeto a los derechos de los productores agrícolas y promuevan soluciones que permitan preservar la actividad agrícola de las comunidades.

Mientras tanto, los agricultores de la región Enriquillo aseguran que continuarán defendiendo su derecho a la tierra, al agua y al trabajo, elementos que consideran fundamentales para la supervivencia de miles de familias que dependen de la agricultura en el sur del país.

Por: Jeidys Pérez