Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la República Dominicana, denominada “Alertas RD”, un mecanismo que permitirá activar de forma inmediata la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, especialmente niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres en situación de riesgo.

La nueva legislación establece un sistema nacional de difusión masiva de información que involucra a las autoridades, medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales y organismos de seguridad, con el objetivo de agilizar la localización y protección de personas cuya integridad pueda estar en peligro.

La ley reconoce que la desaparición de personas constituye una grave vulneración de derechos humanos y dispone que el Estado debe actuar con diligencia, rapidez y coordinación para prevenir daños irreparables a las víctimas y reducir la incertidumbre que enfrentan sus familiares.

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que elimina cualquier espera para iniciar las labores de búsqueda. La Policía Nacional o el Ministerio Público deberán activar la alerta de manera inmediata, una vez recibida la denuncia y evaluadas las circunstancias del caso, sin que sea necesario esperar 24 horas desde la desaparición.

La legislación crea diferentes categorías de alerta según el perfil de la persona desaparecida. Entre ellas figura la Alerta Amber, para niños, niñas y adolescentes; la Alerta Silver, para adultos mayores; la Alerta Azul, para personas con discapacidad; y la Alerta Rosa, destinada a mujeres desaparecidas en contextos de violencia o posibles situaciones de trata de personas.

Una vez activada la alerta, las autoridades deberán registrar el caso en una base de datos nacional, emitir avisos a través de medios de comunicación y redes sociales, coordinar operativos de búsqueda en hospitales, terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos, e incluso solicitar cooperación internacional cuando existan indicios de traslado fuera del país o de delitos transnacionales.

La ley también crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una plataforma administrada por la Policía Nacional que contendrá información sobre las personas reportadas, incluyendo fotografías, características físicas, circunstancias de la desaparición, condiciones médicas relevantes y estatus de la búsqueda.

Asimismo, establece la creación del Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio de Interior y Policía e integrado por representantes de la Procuraduría General de la República, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sistema 9-1-1, Indotel, Conani, Conape, Conadis, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

La normativa dispone que cualquier ciudadano podrá denunciar una desaparición de forma presencial o telefónica y que no se exigirán formalidades adicionales para activar los mecanismos de búsqueda cuando exista información suficiente que justifique la alerta.

Las alertas tendrán una vigencia inicial de cinco días calendario, aunque podrán ser prorrogadas cuantas veces resulte necesario mientras persistan las circunstancias que motivaron su emisión.

La ley también contempla sanciones para los servidores públicos que, teniendo conocimiento de una desaparición, incumplan con los deberes de información y actuación establecidos en la normativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse.

Otro aspecto novedoso es la obligación de emitir una notificación oficial cuando una alerta sea desactivada, detallando las razones de la decisión y dejando constancia pública tanto de su activación como de su cierre.

La nueva legislación entrará en vigor tras su promulgación y publicación oficial. Además, otorga un plazo de 90 días al Poder Ejecutivo para dictar el reglamento que establecerá los procedimientos operativos para la implementación de “Alertas RD”, sistema que busca convertir la reacción inmediata en la principal herramienta del Estado frente a la desaparición de personas.